La idea de la descentralización del sector
educativo tenía diversas intenciones basadas en supuestos distintos. Por
ejemplo, se asumió que delegar la operación de los servicios educativos a los
estados permitiría al gobierno federal compartir costos y responsabilidades con
las entidades federativas y ocuparse exclusivamente de la rectoría de la
educación, explícitamente de los contenidos y materiales educativos así como la
negociación con el grupo sindical de salarios y prestaciones.
Aunque la idea inicial demandaba un mayor
compromiso por parte de las entidades federativas, en la práctica, los estados
demostraron distintos grados de responsabilidad y transparencia. La mayoría de
ellos ejerció un malgasto de recursos sin supervisión ciudadana y, aprovechando
el control de los gobiernos estatales sobre su Contraloría Estatal, derrochó
los recursos a favor de beneficios políticos poco ligados a la educación. Se ha
documentado como, a partir de la descentralización, el salario promedio anual
de un maestro de primaria pública se triplicó en veinte años, sin que dicho
aumento se haya reflejado en un mayor aprendizaje de niñas y niños (Fernández,
2013). Ojo: el aumento salarial era necesario –y lo sigue siendo para muchos
maestros-, sin embargo, las promociones económicas y directivas eran otorgadas
discrecionalmente, con poca o nula transparencia sobre quien las recibía y bajo
qué sustento.
La Reforma Educativa trata de traer a la luz lo
que nunca debió estar en la opacidad. Los ingresos al servicio, las promociones
directivas y los salarios de los docentes federalizados ahora son públicos. Sin
embargo, todavía falta mucho por transparentar y pedir cuentas a los estados.
La nómina de los docentes estatales –es decir, aquellos que son pagados con
recursos propios del estado, no de la Federación- sigue siendo una incógnita en
la mayoría de los estados. En algunas entidades, como el Estado de México,
desconocemos el salario y la formación de la mitad de la plantilla docente.
El sistema educativo no se limita a maestros,
familias y alumnos. También incluye a la red de apoyo, conformada por los
integrantes de la Secretaría de Educación federal y estatal. Las expectativas
altas que tenemos para nuestros maestros debe estar acompañada de un sistema de
apoyo con la misma exigencia y calidad. Para ello, es indispensable que las
Secretarías de Educación de los estados trabajen al servicio del aprendizaje de
niñas, niños y docentes. Deben ser ellas las primeras en atender y corregir
casos de irregularidades en el proceso de asignación de plazas, mal uso de los
recursos públicos en escuelas y poner el ejemplo en la transparencia del gasto.
Su meta debe estar enfocada en maximizar el uso de los recursos de manera
honesta y apoyar decididamente la formación inicial y continua de los maestros.
Diariamente exigimos mucho de los maestros. Es
hora de poner el foco en las instancias responsables de apoyarlos. El apoyo
decidido, constante y verdadero a nuestros maestros es la mejor apuesta que
podemos hacer para asegurar el derecho a aprender de nuestras niñas, niños y
jóvenes.
El autor es investigador de Mexicanos Primero.
Reenviado por Redacción / #MásClaro.
Nota original El Financiero
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