Sin embargo, olvidamos frecuentemente poner el foco en las autoridades educativas de los estados. A partir de 1992, y con la excepción de la Ciudad de México, los responsables de la operación del sistema educativo nacional son las entidades federativas. Es decir, sin contar a la Ciudad de México, los gobiernos de los estados son los responsables de la formación, el ingreso y la promoción de los docentes, la inversión en las escuelas, la supervisión y participación escolar y la operación de programas educativos. Para el caso de la Ciudad de México, es la propia Secretaría de Educación Pública la encargada de esta operación.

La idea de la descentralización del sector educativo tenía diversas intenciones basadas en supuestos distintos. Por ejemplo, se asumió que delegar la operación de los servicios educativos a los estados permitiría al gobierno federal compartir costos y responsabilidades con las entidades federativas y ocuparse exclusivamente de la rectoría de la educación, explícitamente de los contenidos y materiales educativos así como la negociación con el grupo sindical de salarios y prestaciones. 

Aunque la idea inicial demandaba un mayor compromiso por parte de las entidades federativas, en la práctica, los estados demostraron distintos grados de responsabilidad y transparencia. La mayoría de ellos ejerció un malgasto de recursos sin supervisión ciudadana y, aprovechando el control de los gobiernos estatales sobre su Contraloría Estatal, derrochó los recursos a favor de beneficios políticos poco ligados a la educación. Se ha documentado como, a partir de la descentralización, el salario promedio anual de un maestro de primaria pública se triplicó en veinte años, sin que dicho aumento se haya reflejado en un mayor aprendizaje de niñas y niños (Fernández, 2013). Ojo: el aumento salarial era necesario –y lo sigue siendo para muchos maestros-, sin embargo, las promociones económicas y directivas eran otorgadas discrecionalmente, con poca o nula transparencia sobre quien las recibía y bajo qué sustento.

La Reforma Educativa trata de traer a la luz lo que nunca debió estar en la opacidad. Los ingresos al servicio, las promociones directivas y los salarios de los docentes federalizados ahora son públicos. Sin embargo, todavía falta mucho por transparentar y pedir cuentas a los estados. La nómina de los docentes estatales –es decir, aquellos que son pagados con recursos propios del estado, no de la Federación- sigue siendo una incógnita en la mayoría de los estados. En algunas entidades, como el Estado de México, desconocemos el salario y la formación de la mitad de la plantilla docente.

El sistema educativo no se limita a maestros, familias y alumnos. También incluye a la red de apoyo, conformada por los integrantes de la Secretaría de Educación federal y estatal. Las expectativas altas que tenemos para nuestros maestros debe estar acompañada de un sistema de apoyo con la misma exigencia y calidad. Para ello, es indispensable que las Secretarías de Educación de los estados trabajen al servicio del aprendizaje de niñas, niños y docentes. Deben ser ellas las primeras en atender y corregir casos de irregularidades en el proceso de asignación de plazas, mal uso de los recursos públicos en escuelas y poner el ejemplo en la transparencia del gasto. Su meta debe estar enfocada en maximizar el uso de los recursos de manera honesta y apoyar decididamente la formación inicial y continua de los maestros.

Diariamente exigimos mucho de los maestros. Es hora de poner el foco en las instancias responsables de apoyarlos. El apoyo decidido, constante y verdadero a nuestros maestros es la mejor apuesta que podemos hacer para asegurar el derecho a aprender de nuestras niñas, niños y jóvenes.

El autor es investigador de Mexicanos Primero.

Reenviado por Redacción / #MásClaro.

Nota original El Financiero

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