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IP demanda a la CNTE y a gobiernos por omisión

Escrita el 03, Agosto del 2016

Los empresarios del país amagaron ayer con presentar sus declaraciones de impuestos en ceros si no se toman medidas efectivas para terminar con las afectaciones de los bloqueos y actos violentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sobre todo en Oaxaca y Chiapas, y emprendieron o anunciaron acciones legales contra los disidentes y los tres órdenes de gobierno.

Por un lado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunció que presentará una denuncia colectiva por daños y perjuicios ocasionados por la disidencia, que incluyen amparos contra las omisiones de gobierno que, dice, no han cumplido con su deber.

En un segundo frente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó una demanda de amparo por los actos y omisiones de los gobiernos federal, estatales y municipales ante las acciones violentas de la Coordinadora que lucha contra la Reforma Educativa, “ante la evidente falta de capacidad del Estado mexicano para restablecer el orden”.

La Concanaco y 15 cámaras del sector turístico, incluidos hoteleros y restauranteros, exigieron al gobierno federal poner “un alto a la impunidad y a la ausencia del Estado de derecho que hoy vivimos”, que les ha hecho perder siete mil 500 millones de pesos, como lo habían denunciado.

Enrique Solana, presidente de la Concanaco, acompañado por líderes empresariales, anunció cuatro acciones inmediatas.

Primero, que la denuncia colectiva que alistan incluya que el gobierno, de forma precautoria, “de ninguna manera regrese a la CNTE las cuentas embargadas ni los bienes inmuebles que en su caso hayan sido retenidos, con el objeto de garantizar, al menos de forma parcial, los graves daños y perjuicios ocasionados”.

Segundo, la presentación de un juicio de amparo contra las acciones de la CNTE y las omisiones de los gobiernos, que para los funcionarios sería destitución o incluso la cárcel.

Tercero, que se abra una mesa de diálogo con Gobernación, partidos políticos y organismos sociales, incluidos los empresarios, para respaldar medidas extraordinarias para resolver la crisis.

La cuarta es que la CNTE detenga toda acción violenta y  que el gobierno exente del pago de varios impuestos a las empresas más afectadas.

Por separado, la Coparmex afirmó ayer que su demanda ante el Poder Judicial ya fue turnada al Juzgado Decimoprimero en Materia Administrativa, a cargo del juez Agustín Tello.

“El secuestro de la actividad económica en esas entidades es inadmisible en un régimen que debe ponderar y defender el Estado de derecho, y con ello el Estado mexicano está faltando a su obligación básica de hacer valer la ley y que le impone la Constitución”.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, enfatizó que “no buscamos represión de los movimientos sociales, cuando éstos son legítimos y respetuosos del contexto social, económico y del desarrollo de todos.

“La demanda del sector patronal es para que el Estado actúe para restablecer la paz, que se respeten las garantías constitucionales de libre tránsito, derecho al trabajo, a la educación y a la libertad económica”.

Acusó que es tan grave la afectación, que se prevé una desaceleración económica y, por consecuencia, un menor crecimiento del PIB en el segundo semestre del año.

Al reclamo se sumó el Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, que exigió restablecer el Estado de derecho, garantizar el libre tránsito y que se declare desastre económico.

David Zamora Rincón, presidente del CCE, adelantó que las empresas realizarán un paro técnico, ante la imposibilidad del pago de salarios, prestaciones obrero patronales y cuotas de IMSS e Infonavit.

Pérdidas

A mediados de julio, la Concanaco acusó haber tenido pérdidas económicas en negocios formalmente establecidos en la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, debido a los bloqueos, movilizaciones y plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de mayo a la fecha por siete mil 500 millones de pesos.

Enrique Solana, presidente de la organización que aglutina a 255 cámaras empresariales en todo el país, enfatizó entonces que más de 180 negocios bajaron sus cortinas y otras 200 más estaban en riesgo inminente de cerrar.

Reenviado por Redacción / #MásClaro.

Nota original Excelsior

http://www.masclaro.mx/