La transparencia sindical en México es una
asignatura pendiente, apenas vislumbrada en la reforma constitucional de
febrero de 2014 y plasmada en las Leyes General y Federal de Transparencia, lo
que supone espacios de apertura en un entorno impregnado de “lagunas oscuras” o
alegatos basados en condicionar la naturaleza jurídica de los sindicatos como
personas morales de índole “privada”, ni atenta contra la libertad sindical,
todo lo contrario, les otorga a los trabajadores la posibilidad de evitar o de
poner fin a elites políticas y cúpulas sindicales ajenas y desviadas de la
finalidad primordial de la asociación colectiva y obrera.
Así pues, hemos conocido de casos que
ejemplifican vicios y males hasta endémicos en muchos sindicatos que no hacen
más que reflejar una corrupción corporativa. Ejemplos de ella hay muchos, pero
principalmente se aprovechan de lo que se guarda en el cajón burocrático con
gran recelo de complicidad, “conflicto de interés”, en muchas ocasiones entre
gobiernos y los mismos sindicatos: los Contratos Colectivos de Trabajo, como
ese documento que opera al margen del conocimiento de los trabajadores y de su
derecho a la información.
De tal suerte, los sindicatos al desviar
recursos públicos para otros fines, automáticamente transgreden la delgada
brecha entre lo público del dinero gubernamental y lo privado, y de sus propios
intereses como clase trabajadora.
Afortunadamente se cuenta ya con un marco
normativo y un diseño institucional en los cuales los sindicatos ya son sujetos
obligados en materia de transparencia y acceso a la información. Bajo la óptica
citada, los sindicatos, como cualquier sujeto obligado deberán contar, entre
otras cosas, con una Unidad y un Comité de Transparencia, instancias necesarias
para la atención a las solicitudes de información que se presenten y a los
recursos de revisión interpuestos, en ambos casos conforme a los procedimientos
que marca la ley en la materia.
Aclaración hecha de que el acceso a la
información radica sólo en el caso de los sindicatos por lo que hace al
ejercicio de recursos públicos que les hayan sido entregados.
En ese contexto, resulta importante tomar en
cuenta que los sindicatos también serán sujetos a las medidas de apremio en
caso de incumplimiento de las obligaciones de transparencia o a las
resoluciones emitidas por el INAI.
Sin lugar a dudas, el alcance de la información
sindical y los mecanismos de transparencia para su apertura serán la hoja de
ruta crítica por medio de la cual se guiarán las acciones en miras al ejercicio
de los recursos públicos de dichos entes. Aunado a que, como nuevos sujetos
obligados, tendrán que adecuar sus procesos internos y externar sus
procedimientos y toma de decisiones en pro de sus agremiados y la sociedad
(trátese de sus imperantes portales de transparencia que tanto hacen falta).
En efecto, los resultados de la Métrica de
Gobierno Abierto 2017, realizada por el INAI, son esclarecedores y comprueban
estas afirmaciones en referencia a los sindicatos. Debido a que éstos son
quienes en promedio recibieron las calificaciones más bajas, alcanzando un
valor en una escala del 0 al 1, de tan sólo 0.08 en lo que respecta a su índice
de apertura gubernamental.
El reto es doble para los sindicatos, reforzar
sus índices de transparencia —nada desdeñable este reto— y más aún, incluir la
imprescindible participación en todos sus procesos de gestión. Aunque claro
está, los sindicatos no son equivalentes a una secretaría de estado o a un
ayuntamiento en las tareas que llevan a cabo, en la estructura administrativa
que los sostienen, ni en el tipo de información que generan y puede ser
solicitada.
Finalmente, las condiciones están dadas para
dejar atrás esos paradigmas oscuros en la historia de los sindicatos en México,
del secuestro de los mismos, y que verdaderamente representen los intereses de
sus agremiados con un claro respeto de convivencia democrática.
*El autor es Comisionado del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) .
**Realiza esta columna en coautoría con la Mtra.
Indira Isabel García Pérez, Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL).
Reenviado por Redacción / #MásClaro.
Nota original El Financiero
http://www.masclaro.mx/
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