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Educación Pública e Impulso Democrático

Escrita el 20, Noviembre del 2018

Ahí una estudiante de Licenciatura en (Educación de la) Historia, me preguntó si no se corre el riesgo de que el nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, cometa en el mismo error de intentar un “borrón y cuenta nueva” (al no considerar los avances alcanzados por las Reformas Educativas anteriores), con relación a los cambios que se perfilan en el futuro de las políticas públicas educativas.

Mi comentario fue que “no necesariamente”, puesto que el nuevo gobierno parte de premisas diferentes. Me explico: Hay que recordar que el gobierno de EPN partió de la iniciativa de implantar un paquete de reformas estructurales, en un sentido “aperturista” de mercados, así como lograr la estabilidad y el crecimiento económicos del país, y garantizar la paz social con justicia social; en materia educativa, dicho esto de manera esquemática, el gobierno saliente trató de apuntalar la “calidad” de la educación y, junto con ello, dar un peso extraordinario a las evaluaciones educativas, particularmente hacia la evaluación de las figuras educativas. Pero el gobierno de AMLO no irá por ese camino.

Quizá algo que marcará la diferencia entre estos dos esquemas de gobierno, es que el próximo mandatario de la nación se ha pronunciado, desde la campaña política reciente, a favor de consultar a los maestros y a las maestras antes de emprender cualquier iniciativa de Reforma; aunque se sabe que de antemano hay la idea de transformar “de raíz” a la educación y, si se habla más coloquialmente, lo que busca AMLO es “transformar el sistema educativo” en su conjunto. ¿Y qué significa eso?

Precisamente es cuestión de definir con claridad por dónde transcurrirán las nuevas políticas educativas. Qué camino seguirán. Y ahí es donde surge el título de esta colaboración: En materia de Educación Pública ¿Cuáles serán los contenidos del impulso democrático en este ámbito clave de la vida nacional?

Imagino a un gobierno federal, y en particular al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con una actitud abierta a la crítica, dispuesto al diálogo con las figuras educativas centrales (docentes, directivos escolares y asesores técnicos), pero que también será sensible a las necesidades específicas de las familias mexicanas, que demandan no solo más, sino también “mejor” educación para sus hijos. En esta parte pienso que habrá de entrar en vigor una nueva forma de relación entre sociedad y gobierno: Hacer uso, por ejemplo, de la conversación directa, no mediada, con los jefes y jefas de las familias de los niños, las niñas y los jóvenes que tienen y demandan su legítimo derecho a la educación pública.

Sin embargo, un diálogo democrático con las distintos actores sociales de la educación en México, no se limita solo a los antes mencionados, sino también abarca a las dirigencias del SNTE y de la CNTE; a autoridades educativas federales y estatales; a asesores y equipos técnicos (con y sin INEE); a burocracias intermedias federales y estatales; a dirigentes y comentócratas de los medios de comunicación, tradicionales y de redes sociales; a voceros y dirigentes del sector empresarial; a asesores y altos funcionarios del gobierno federal y estatales; a investigadores y especialistas; y, en fin, a legisladores y dirigentes políticos…

¿Pero cuál es la agenda educativa que se habrá de reconstruir ante las ruinas que deja el gobierno saliente? ¿Cuáles serán los cambios o los procesos de transformaciones de mediano y largo plazos que serán impulsados a través de las nuevas políticas educativas? ¿Sobre qué y cómo se habrá de levantar el nuevo proyecto educativo nacional? ¿Cómo canalizar y reconvertir el impulso democrático, en el ámbito educativo, plasmado en la revuelta cívica que se manifestó en las urnas el pasado 1 de julio?

Para reflexionar sobre ello, me planteo más preguntas: ¿Cuáles serán los ejes del discurso sobre las políticas públicas educativas en el gobierno de AMLO? ¿Cómo se estructurarán los lenguajes, los códigos, los hábitos, las prácticas; las prioridades del financiamiento educativo? ¿Qué se hará con las leyes, reglamentos, acuerdos y procedimientos existentes? ¿Cómo se transformarán y con qué contenidos los nuevos planes y programas educativos, sobre todo en la Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria)? ¿De qué manera se confeccionarán las reglas de operación para evitar actos de corrupción y para favorecer, por el contrario, la rendición de cuentas? ¿De qué manera se realinearán los recursos materiales y la infraestructura educativos sobre un plan de austeridad republicana? ¿Quiénes se harán cargo del rediseño de los recursos didácticos y de la apropiación de las nuevas tecnologías para la enseñanza y los aprendizajes? ¿Cuáles serán las prioridades, las expectativas, las respuestas puntuales a las peticiones de autonomías escolares? ¿Cómo serán procesados los hábitos y las costumbres de las burocracias educativas?

Lamentablemente las cuentas que nos entrega el gobierno saliente en materia educativa, no son nada halagüeños: El “cuello de botella” educativo sigue galopante sin que se hayan tomado medidas para detenerlo: más de 400 mil estudiantes de educación secundaria y media superior abandonan las aulas al año; los niveles de analfabetismo siguen oscilando entre los 4 y 5 millones de habitantes; la cobertura de la Educación Preescolar (específicamente de niños y niñas entre los 3 y 4 años), sigue sin cumplirse como lo marca la ley; decenas de miles de estudiantes que aspiran a ingresar tanto a la Educación Media Superior como Superior, no tienen lugar seguro para lograrlo, ni la oportunidad (el derecho) de estudiar en alguna institución educativa pública, entre otros problemas.

Y si resultaran pocas e insuficientes estas cuestiones, aprovecho el actual impulso democrático para plantear lo siguiente: ¿Cómo será definido el nuevo plan de desarrollo profesional para los docentes y directivos de la educación obligatoria? Y, ¿por qué no? de toda la educación, sin excluir a la Superior… ¿En qué términos se darán modificaciones a los conceptos y las prácticas de la inclusión y la equidad educativas? ¿Cómo se abordará la relación entre escuela y trabajo; escuela y campos laborales? ¿Qué lugar se dará a las rutinas administrativas (que hoy son dominantes) en relación con las dinámicas académicas en la escuela? ¿Cómo se aterrizará la vieja petición de los directores escolares para disminuir las cargas burocráticas y enfocarse más en los aprendizajes escolares? ¿Cuál será el esquema salarial renovado para resarcir el poder adquisitivo de los más de un millón de maestros y maestras de la escuela pública en México? ¿Cómo serán abordados los problemas y los proyectos en materia de formación inicial de maestros (el llamado «Normalismo»)?

Para finalizar este comentario, diría que al nuevo gobierno morenista y sus aliados políticos, -ojalá- no se les olvide que “Las Reformas Educativas que no tienen consenso son frenadas por los actores educativos, desde abajo, desde las escuelas y las aulas”. Y que por el contrario, cuando éstos son considerados, el impulso hacia el cambio progresista, con arraigo democrático, tiende a aumentar. Así es que conviene tomar nota de esta lección aprendida sobre lo sucedido durante el sexenio que termina, en el cual a los maestros no se les tomó en cuenta; cuando deliberadamente no se consideró su parecer, pues solo se les llamó a consulta, a deshoras, sobre hechos consumados.

El horizonte está lleno de esperanzas y optimismos: Por ello, espero que en los próximos años se aproveche, en todo lo que cabe, el renovado impulso democrático que se ha acumulado, hasta hoy, a favor de la educación pública de nuestro país.


Reenviado por Redacción / #MásClaro.

Nota original SDP Noticias

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